Martes, Enero 23, 2018
   
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Pais Sarayakus le ganan al Estado

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          Por unanimidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), emitió un fallo a favor del pueblo Satayaku y en contra del Estado a causa de las concesiones petroleras hechas en la zona entre 2002 y 2003.

Entre otras cosas, el país está en la obligación de pagar más 1’340.000 dólares a esta comunidad, que incluyen remediación, indemnización y costos judiciales. Además, deberá efectuar reformar legislativas y judiciales para resarcir el daño provocado y hacer un acto público de disculpas con los miembros de esta comunidad.

“La selva va a retumbar de tambores”, sentenció José Gualinga, dirigente de la comunidad Sarayaku, con alegría por el “triunfo” que asegura han logrado después de nueve años.

Ayer, alrededor de las 15:00, los abogados de la comunidad recibieron la resolución. La reacción inmediata fue de satisfacción al conocer que sus derechos han sido respaldados.

“Nos da una gran, gran satisfacción haber logrado, ante un tribunal internacional, defender nuestros derechos, denunciar las violaciones de las compañías petroleras y la poca respuesta de los gobiernos de turno y del Estado”, añadió Gualinga.

Según el dirigente, con este “día histórico” se crea un precedente que quedará marcado para las futuras generaciones, no solo de la Amazonía. “Es una alegría importante porque desde adentro de la selva hemos tenido que batallar porque los poderes han tratado de minimizarnos”, añadió. Además, indicó que estarán vigilantes que se dé cumplimiento al fallo.

Celebraciones

La sentencia, que “levantó el ánimo” de la comunidad Sarayaku, será celebrada con un ritual y una fiesta especial. Se agradecerá a los miembros de la comunidad, a la naturaleza y a los seres espirituales. También se analizarán con detenimiento las 180 páginas de la sentencia y se realizarán danzas y sonarán los tambores.

Pormenores de la sentencia

“El Estado es responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, en los términos del artículo 21 de la Convención Americana, en perjuicio del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku”.  Así arranca la parte resolutoria de la sentencia.

Además, asegura que el Estado puso gravemente en riesgo los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de esta comunidad.

La primera resolución reza: “El Estado debe neutralizar, desactivar y, en su caso, retirar la pentolita en superficie y enterrada en el territorio del Pueblo Sarayaku, con base en un proceso de consulta con el Pueblo…”.

Además, establece que el Estado deberá consultar al pueblo Sarayaku, “de forma previa, adecuada, efectiva”, si se pretende realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio.
Por último, manda a hacer un acto público e internacional de reconocimiento de la responsabilidad por este tema.


Capacitación para autoridades

La sentencia manda también a que el Estado implemente, “en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos obligatorios que contemplen módulos sobre los estándares nacionales e internacionales en Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indígenas, dirigidos a funcionarios militares, policiales y judiciales, así como a otros cuyas funciones involucren relación con pueblos indígenas”.

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