Miércoles, Enero 24, 2018
   
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Freddy Lala, decepcionado

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Por: Wilson Pinto En un hotel de una ciudad de la Sierra ecuatoriana, Freddy Lala, único sobreviviente de la masacre de inmigrantes en Tamaulipas (México), narra a este Diario las peripecias que vive junto a su familia. Dice estar defraudado porque el Estado le ha fallado, que no ha cumplido con la ayuda médica y económica dentro del programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía ecuatoriana.


“Cuando regresamos de allá (México) ofrecieron que nos van a dar todo, que no nos va a hacer falta nada”, relata Lala Pomavilla, de 18 años, al recordar que entre los ofrecimientos de funcionarios del régimen estuvo darles casa de dos pisos, terreno para trabajar, carro, negocio, comida, ropa y trabajo. “Pero no nos dan nada y lo niegan”, señala el sobreviviente del ataque del grupo armado los Zetas, ocurrido en agosto del 2010.

Cuenta que en un sector del territorio nacional les entregaron dos casas, pero que son muy pequeñas. “De las que hace el Miduvi (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda), que no alcanza para vivir los 13 que somos de la familia”. Asegura que no tienen espacio de terreno para trabajar en la agricultura.

“Con el argumento que supuestamente no hacemos caso lo que nos dicen, desde hace una semana a mis padres, hermanos y otros familiares les sacaron del programa de protección y solo estoy yo, mi esposa y mi hija”, se lamenta Lala.

El padre de Freddy, Alejandro Lala, quien al igual que su hijo viste con modestia, manifiesta que los policías encargados de brindarles protección los maltrataban. Ahora los hombres de la familia trabajan en la construcción y la madre, en un restaurante, “Le pido al Gobierno que nos ayude con algo, que si no nos va a dar todo lo que ofreció por lo menos con alguna parte, porque incluso a mis padres les hicieron regresar de los Estados Unidos con mentiras de apoyo, pero nada se cumple”, asevera Freddy, oriundo de la parroquia Ger, de Cañar.

Mientras, la secretaria del Migrante, Lorena Escudero, dijo ayer, según la agencia de noticias AP, que han cumplido con todo pero añadió que se han producido algunas dificultades “porque quieren hacer un tipo de vida que no es acorde a las circunstancias (programa de protección)”.

El jefe del programa de Protección de Testigos de la Fiscalía, Cristian Lombeida, señaló que el Estado ha invertido unos $ 70.000, lo que incluye la entrega de dos casas y la atención a la familia. “Lamentablemente el padre lo está utilizando al hijo para seguir sacando recursos al Estado”, aseguró. TOMADO DE EL UNIVERSO

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